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miércoles, 22 de octubre de 2014

Una marcha cierra las 72 horas de huelga en la Educación

Manifestaciones de padres, alumnos y profesores en varias ciudades han puesto punto y final a 72 horas de protestas de estudiantes de Secundaria en la llamada "semana de lucha".

La marcha de Madrid, convocada por la Plataforma por la Defensa de la Educación Pública, ha llegado ante el Ministerio de Educación.. De nuevo, han mostrado su rechazo a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), conocida como la 'Ley Wert'.

Los manifestantes han partido de la Plaza de Neptuno encabezados por una pancarta en la que se lee 'La Educación no es gasto, es inversión. ¡No a los recortes!'.

La concentración ha congregado a 40.000 personas, según los organizadores, cifra que un agente de policía de la Unidad de Intervención Policial apostado ante el Ministerio de Educación ha reducido a unas 3.500.

A la altura del Ministerio de Educación y de la Consejería del mismo ramo de la Comunidad de Madrid, los integrantes de la manifestación se han parado y han proferido ante estas sedes gritos de "dimisión, dimisión".Además, han pedido a los sindicatos que convoquen una huelga general.

En Barcelona, sin embargo, la escasa participación ha obligado a convertir la movilización en una concentración-asamblea donde se han debatido los recortes y la reforma educativa.

También ha habido marchas en Oviedo, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria o Segovia.

En la protesta central, en Madrid, el secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, Eduardo Sabina, ha dicho que la Lomce "apuesta por la segregación del alumnado en función de su capacidad económica".

Del mismo modo, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, ha apuntado que "se trata de una ley que va a dejar a la ciudadanía sin su derecho constitucional a la educación". "Quieren que la educación sea una mercancía", ha destacado. Según Galvín la dotación presupuestaria para la ley es "irrisoria", puesto que se habla de 500 millones de euros, y ha indicado que "por primera vez" la Lomce introduce recortes de personal en el profesorado del bachillerato.

Por su parte, el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, José Luis Pazos, ha indicado que es una ley "profundamente injusta, obsoleta y caduca" y ha añadido que con ella se "quiere volver a una educación de mediados del siglo pasado, en la que había más del 70% de abandono educativo temprano y en la que solo 3 de cada 10 alumnos llegaba a la universidad".

Además, el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, ha indicado que la Lomce "hará que los empresarios de la escuela privada vuelvan a tener el mejor negocio dentro de la educación" que, a su juicio, "volverá a convertir en elitista el acceso a la universidad y a la Formación Profesional de grado superior".

"Somos los estudiantes, los profesores y nuestros padres y madres los que les decimos que no queremos esta contrarreforma, que lo que tienen que hacer es una reforma para el conjunto de las familias trabajadoras de los jóvenes de lo barrios obreros, los mismos que sufrimos el 55% de paro y que tenemos que emigrar a otros países a buscar un trabajo", ha señalado.

Asimismo, ha explicado que piden, no solo la necesidad de que dimita el ministro de Educación, José Ignacio Wert, "sino también la de que este Gobierno ilegitimo, que ha amparado 20 años la corrupción en sus filas, deje paso a otro Gobierno".

Tohil ha tildado a la marcha de hoy de "broche de oro" a la "exitosa" huelga de tres días en todo el sector educativo español. Según el mismo se han llevado a cabo 120 manifestaciones, con un total de dos millones de participantes. Además, ha cifrado en un 90% el seguimiento del paro y ha calificado de "insulto" que el Ministerio de Educación lo cifrase en un 17%.

La protesta, que concluye un ciclo de manifestaciones, coincide con la reunión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, con los consejeros autonómicos del ramo en la Conferencia Sectorial para tratar la financiación de la ley.

viernes, 17 de octubre de 2014

Los funcionarios tendrán que hacer 120 horas de formación y un proyecto final para poder dirigir un colegio

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al Real Decreto del Ministerio de Educación que establece las condiciones que deberán cumplir los cursos de capacitación por los que deberá pasar el personal funcionario docente para poder dirigir un centro educativo sostenido con fondos públicos: serán de un mínimo de 120 horas lectivas y conllevarán un proyecto final.


 
El decreto desarrolla así una de las previsiones de la recién estrenada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que busca promover la autonomía de los colegios, entre otras maneras, "potenciando la función del director", a través de un sistema de certificación previa de competencias, como ha recordado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa.
   Aunque Educación no ha difundido el contenido de este Real Decreto, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado, sí ha informado de algunos de sus contenidos, organizados en torno a una regulación básica y tres anexos que establecen las competencias genéricas y específicas que deben adquirirse y los módulos troncales que será obligatorio cursar.

   Los programas de formación, abiertos a todo el personal funcionario, tendrán una duración mínima de 120 horas y de 60 si son de actualización de competencias directivas, serán de estructura modular e incluirán en ambos casos todos los módulos troncales, aunque las comunidades autónomas podrán añadir sus propios módulos específicos. Se podrán cursar a distancia.

   Las personas que acrediten un Máster o un Título de Postgrado estarán exentas de la realización de los cursos, pero en todo caso deberán realizar el proyecto de dirección, que siempre será obligatorio, según ha establecido el Ministerio de Educación. Las certificaciones que obtengan a cambio tendrán validez en todo el territorio nacional.

lunes, 29 de septiembre de 2014

El euskera y los Consejos Escolares de Euskadi libres de la Lomce

Según publican hoy los Boletines Oficiales del País Vasco y del Estado, ha habido acuerdo bilateral entre ambas administraciones, lo que no evita el recurso ante el Tribunal Constitucional por el grueso de la ley. 

El Ejecutivo vasco consigue que en lo referente al euskera sean inaplicables los instrumentos de intervención del Estado ya que se reconoce que la legislación vasca ya garantiza un uso de ambas lenguas con criterios de "proporcionalidad razonable".

 

Seis meses después, las negociaciones bilaterales han llegado a buen puerto y así lo refrenda la firma del Consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka, y la del Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. Rúbrica que aparece recogida para cerrar el acuerdo que hoy publican los boletines oficiales del País Vasco y del Estado. En ese acuerdo, de carácter parcial, el euskera y los Consejos Escolares quedan al margen de la LOMCE, de su aplicación en Euskadi, lo que no es óbice para que el recurso del Gobierno Vasco ante el TC interpuesto ya por el grueso de la ley siga su curso.

 

ACUERDO EUSKERA:

La LOMCE establece en su artículo 38.4 que las administraciones educativas deben integrar, en "proporción razonable", la lengua castellana y la lengua cooficial de manera que se procure el dominio de ambas. Además, establece que, cuando la Administración del Estado interprete que no haya garantías en este sentido, podrá intervenir en el sistema autonómico para garantizarlo. El Gobierno vasco destaca la importancia del acuerdo alcanzado en este punto porque se consigue en Euskadi sean inaplicables los instrumentos de intervención del Estado español en este supuesto ya que se reconoce y explicita que la legislación vasca ya garantiza un uso de ambas lenguas con criterios de "proporcionalidad razonable".
Además, la Disposición Adicional 39 exige que se de un tratamiento análogo en todas las etapas educativas a las asignaturas de "lengua cooficial y literatura" y "lengua castellana y literatura". El acuerdo alcanzado en este punto es igualmente importante porque el Gobierno español reconoce que Euskadi no tendrá limitación alguna para establecer la carga lectiva de cada una de ellas dentro de los límites de la normativa básica.

CONSEJOS ESCOLARES:

En relación a los consejos escolares, cabe destacar un acuerdo parcial en torno a la regulación de las relaciones entre la dirección de los centros educativos y órganos colegiados de participación. La LOMCE pretendía que los Consejos Escolares fuesen órganos de propuesta sin capacidad de decisión. Ahora, tras este acuerdo, el Gobierno español reconoce que corresponde a las administraciones educativas regular cómo se gestionan estas relaciones. Este acuerdo posibilitará que el Gobierno vasco defina las relaciones entre las direcciones de los centros y los órganos colegiados de participación, garantizando el papel relevante de estos últimos en las decisiones que se adopten en los centros educativos.

Finalmente, se han alcanzado otros tres acuerdos parciales en torno a diversos aspectos de la regulación de la admisión de alumnos en los centros docentes de Formación Profesional (art 41), en las Universidades (art 38) y en los centros con especialización curricular modular (art 84.2). Gracias al acuerdo, el Gobierno español respeta que los procedimientos y criterios de admisión de alumnos en los supuestos señalados por esos preceptos, es competencia y decisión de Euskadi y no del Gobierno español.

sábado, 4 de enero de 2014

12 Razones para decir no a la LOMCE



Una ley sin justificación. No se acompaña de análisis rigurosos
acerca del sistema educativo vigente; de sus puntos
fuertes y débiles y, por tanto del porqué de las medidas que
sería más conveniente proponer a debate para mejorarlo.

Una ley partidista. Se da por sentado que se comparten los
prejuicios que el PP tiene acerca de lo que acontece en las
aulas y, por tanto son estos los que guían las medidas que
se pretenden imponer con rango de Ley. Se trata de educar
exclusivamente según las concepciones ideológicas del PP.

Una ley muy conservadora. Se sustituye el ideal de educar
ciudadanas y ciudadanos por el de mano de obra para el mercado
laboral. Lo que explica que, entre otras cosas, se elimine
la educación para la ciudadanía y se sustituya por un adoctrinamiento
en el que “se eliminan del currículum todos los
temas conflictivos”, según expresión del propio José Ignacio
Wert, o sea, se impide una educación reflexiva y crítica.

Una ley neoliberal, destinada a mercantilizar aún más el sistema
educativo y a reorientar los objetivos de la educación
para ponerlos al servicio de las reglas del mercado neoliberal.
Numerosas medidas que contempla la ley tienen como finalidad
encubierta promover mayores cotas de privatización del
sistema educativo.

Es también una ley que trata de justificar los recortes económicos
con los que el PP viene castigando al sistema educativo:
recorte en la partida destinada a becas, a la par que endurece
los requisitos que debe cumplir cada estudiante para
acceder a una beca; recortes en las plantilllas de profesorado,
en los recursos destinados a los centros;incremento de las
ratio profesorado - alumnado, ...

Una ley cínica, con un discurso que trata de desviar las miradas
y culpar al sistema educativo de males que son consecuencia
de un mundo empresarial ineficiente y de unos
mercados financieros corruptos. No es justo que el texto
del anteproyecto de LOMCE comience con un párrafo tan
mercantilista, asumiendo como prioridad de la educación la
promoción de la competitividad de la economía y el nivel de
prosperidad de un país. Obsesionando a los centros educativos
con una educación para “competir con éxito en la arena
internacional” (pág. 1).¿Dónde están los datos que digan que
hay empresas que tuvieron que cerrar o no abrirse porque no
encontraban aquí personal con la suficiente cualificación profesional?
Por el contrario estamos a la cabeza de Europa en
cuanto a jóvenes trabajando con sobrecualificación.

Una ley clasista. Se refuerza la segregación por clase social
y etnia a partir de los catorce años, al rebajar la comprehensividad
a los 14 años de edad, al igual que la LEG de 1970.
Segregadora también por estimular a los centros a especializarse
curricularmente (centros bilingües, de excelencia, ...);
por no asegurar la etapa 0-3 de Educación Infantil como educadora,
convirtiéndola en asistencial.
Es clasista, pues se recurre a un peligroso concepto de “talento”,
intentando culpar a la genética del clasismo y racismo
que caracteriza a nuestra sociedad; ignorando que los intereses,
capacidades y destrezas humanas son el resultado del
contexto y de las condiciones en el que las personas vivimos.
Es, por tanto, una ley destinada a expulsar del sistema al
alumnado de los grupos sociales más desfavorecidos, cuyos
“talentos” se les hará ver que no son los adecuados y pertinentes.

Una ley sexista, al permitir colegios segregados por sexo,
aduciendo una declaración de la UNESCO de 1960 e ignorando
convenciones posteriores aprobadas por la ONU y sentencias
del tribunal constitucional.

Una ley recentralizadora, pues se recortan fuertemente las
competencias de las Comunidades Autónomas. Una característica
que subraya también el ideario absolutamente centralista
del Partido Popular.

Una ley al servicio de los intereses de la OCDE, destinada
a mejorar exclusivamente en los tests de PISA, reduciendo
por tanto el número y las horas de las restantes materias
imprescindibles para educar una ciudadanía democrática, justa
y solidaria. No abre la más mínima posibilidad de debate
acerca de la cultura básica (asignaturas, contenidos, procedimientos,
valores) que el sistema educativo debería ofrecer
a todo el alumnado. No se apuesta por una actualización de
los contenidos con los que trabajar en las aulas, de cara a hacerlos
más actuales, relevantes, significativos y motivadores
para el alumnado.

Una ley que desconfía del profesorado, de ahí la obsesión
por las evaluaciones externas y reválidas. Además de imponer
los contenidos y competencias obligatorias, se dictan
indicadores de rendimientos y se evalúan externamente, al
tiempo que es la Administración quien controla y decide la
elección de las direcciones de los centros.

Una ley anti-educación, pues entre otras muchas cosas, se
distorsiona la filosofía de la evaluación al especificar con rotundidad
en el texto del anteproyecto que lo que importa son
los output (calificaciones del alumnado) y no los input (inversiones,
contextos socioculturales del alumnado, recursos
y dotaciones, ...). Igualmente, se impone como instrumento
decisivo para evaluar al alumnado la filosofía de los tests de
lápiz y papel; algo que entra en contradicción con los modelos
de evaluación más cualitativos y formativos que vienen siendo
objeto de utilización en las últimas décadas en el ámbito
de la educación.

Una ley autoritaria, que pretende imponer el PP al precio
que sea, de ahí que no dejen espacio real para participar en
el debate a aquellas asociaciones profesionales, sindicatos,
partidos políticos, docentes, estudiantes, asociaciones de
madres y padres, ONGs, ... interesadas por la educación. La
única opción que deja abierta el PP es un pseudo-debate a

través de la web del MECD.