¿Qué falla en el actual sistema educativo español?

• Los informes internacionales apuntan a altas tasas de fracaso escolar, de jóvenes que ni estudian ni trabajan y a diferencias de rendimiento entre autonomías. 

• Los colectivos de padres y profesores están de acuerdo en que debe haber una reforma, pero pactada y sin recortes en la financiación, en personal docente, etc. 

• El ministro de Educación, José Ignacio Wert, lleva al Consejo de Ministros un primer texto del anteproyecto de ley de la reforma educativa.

El sistema educativo español es "mediocre"; nuestro país se encuentra en un nivel de rendimiento educativo "inferior al que le corresponde" dadas sus condicionantes sociodemográficas. La primera es una afirmación de esta misma semana del ministro del ramo, José Ignacio Wert; la segunda pertenece al informe Educación en España, motivos para la esperanza publicado en enero de 2012 por la consultora McKinsey & Company. Mientras la Unión Europea alerta de la creciente brecha educativa entre el norte y el sur de Europa, la OCDE pone el foco en los recortes y en jóvenes que ni estudian ni trabajan -el 23,7% entre los 15 y los 29 años- y el último informe PISA sentencia que el rendimiento de los escolares españoles se mantiene por debajo de la media de la OCDE, el Gobierno de Mariano Rajoy cocina la séptima reforma educativa de la democracia.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1594668/0/sistema-educativo/reforma/fallos/#xtor=AD-15&xts=467263

 

El sistema educativo español es "mediocre"; nuestro país se encuentra en un nivel de rendimiento educativo "inferior al que le corresponde" dadas sus condicionantes sociodemográficas. La primera es una afirmación de esta misma semana del ministro del ramo, José Ignacio Wert; la segunda pertenece al informe Educación en España, motivos para la esperanza publicado en enero de 2012 por la consultora McKinsey & Company. 

Mientras la Unión Europea alerta de la creciente brecha educativa entre el norte y el sur de Europa, la OCDE pone el foco en los recortes y en jóvenes que ni estudian ni trabajan -el 23,7% entre los 15 y los 29 años- y el último informe PISA sentencia que el rendimiento de los escolares españoles se mantiene por debajo de la media de la OCDE, el Gobierno de Mariano Rajoy cocina la séptima reforma educativa de la democracia.

De momento, el Consejo de Ministros ha tratado este viernes un primer texto articulado de la futura ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Ahora "habrá dos o tres meses de conversaciones" con los agentes educativos, las comunidades autónomas y el Consejo Escolar del Estado, según han explicado fuentes del Ministerio a 20minutos.es, antes de que podamos atisbar un proyecto de ley hecho y derecho. 

Prácticamente todos los colectivos involucrados coinciden en que es necesaria una reforma, pero se han encargado de señalar -también en la calle- problemas urgentes como los recortes, que implican una mengua del cuerpo docente, el aumento de la ratio de alumnos, de las horas lectivas, la subida del IVA, la falta de formación, etc. La Administración, por su parte, se centra en el fin: los resultados son malos, y eso debe cambiar. 

El pasado 22 de mayo se produjo la primera huelga estatal en la educación en diez años; el consenso deseado por todos, por lo tanto, está lejos de alcanzarse en un aspecto clave para el futuro de las nuevas generaciones de españoles. Analizamos con la ayuda de representantes del sector las carencias y los fallos de nuestro sistema educativo en la educación básica no universitaria.

Planes educativos: cambios constantes La que prepara el Gobierno será la octava modificación en 42 años de los planes educativos españoles. La normativa vigente es la Ley Orgánica de la Educación (LOE), que entró en vigor en mayo de 2006, derogó la LOGSE, la LOPEG y la LOCE (que no llegó a aplicarse) y convive con la LODE de 1985; supuso un gasto adicional de 7.033 millones de euros. Los cambios constantes, por tanto, son la tónica habitual de nuestro sistema.

La LOE incluyó la asignatura de Educación para la Ciudadanía -que será eliminada ahora por la nueva ley- y permite pasar de curso al superar todas las materias o con dos suspensos como máximo. Además, dicta que las enseñanzas comunes para todas las comunidades -las que regula el Gobierno- deben estar entre el 55% y el 65% dependiendo de si hay una lengua cooficial o no.

En el anteproyecto de ley del Gobierno de Rajoy se pretende reforzar los porcentajes de esas asignaturas básicas -lengua, matemáticas, ciencias-, reducir optativas y vías formativas e implantar evaluaciones unificadas nacionales al final de cada etapa no universitaria. Esas pruebas serán obligatorias para poder obtener el título de graduado en secundaria obligatoria (ESO) y de bachiller. Los ciclos entre 0 y 6 años "tienen un marcado carácter educativo", según CEAPA

Jesús María Sánchez, presidente de CEAPA, opina que habría que actuar antes. "El fracaso escolar cristaliza en secundaria, pero se está fraguando antes, en primaria y en infantil", explica. Cree que es en estas etapas cuando "se deben de asentar las bases para un futuro éxito escolar", yendo más allá de "la plastilina". Los ciclos entre 0 y 6 años "tienen un marcado carácter educativo", añade.

Asimismo, cree que que la reforma "tiene un gran calado ideológico" y que ofrece "poca estabilidad a un sistema bastante tocado". Por ejemplo, en el tema de las evaluaciones. "Se pone en una situación difícil al profesorado", dice, argumentando que una prueba externa puede cuestionar la labor de los docentes y dejarles "en mal lugar", sobre todo si un alumno con un buen rendimiento se queda sin título por hacer mal el exámen.

Por su parte, Nicolás Fernández, presidente del sindicato de enseñanza ANPE, explica que el modelo educativo aprobado en la LOGSE, con los cambios establecidos en la LOE, "es el modelo de la educación comprensiva", y que existe una necesidad patente de cambiar "hacia parámetros de calidad, del valor del aprendizaje, el esfuerzo, la búsqueda de la excelencia", etc.

En las cuestiones básicas, asegura, "podemos estar de acuerdo (con el Ministerio)", pero la coyuntura actual es preocupante. "Lo primero que sería necesario es un acuerdo de mínimos", dice, augurando que "cuando haya otro cambio de Gobierno volveremos a desandar lo andado".

ANPE apuesta por la "recuperación temprana" con programas de refuerzo, "y eso no se hace eliminando profesores"¿Qué tiene que pasar en el sistema educativo? Que haya "cambios profundos, desde la primaria al bachillerato: la flexibilización de la enseñanza secundaria, la apuesta por la evaluación, la recuperación del tronco de las humanidades, la potenciación de la enseñanza en inglés, etc.", explica. Y apuesta sobre todo por la "recuperación temprana" con programas de refuerzo, "y eso no se hace eliminando profesores".

Desde el Ministerio ponen el foco en los resultados. "La tasa de abandono escolar en España es del 26,5%, el doble que la media europea", explican fuentes del departamento de Wert, añadiendo que "se pasa de curso sin tener los conocimientos básicos adquiridos". "Hay que empezar desde el principio", dicen, apuntando que aunque el gasto público en educación casi se duplicó entre 2000 y 2011 "los resultados no se están viendo".

Más datos: "El 24% de los jóvenes ni estudian ni trabajan, los titulados en educación secundaria entre los 25-34 años son el 65%, frente al 82% de la OCDE, y la población entre 20 y 24 años que completa la enseñanza secundaria superior crece en toda Europa menos en España", por no hablar del paro juvenil, que supera ya el 50%. "La reforma educativa viene marcada por todo eso", explican, "hay una acumulación de problemas".

Por último, el informe de McKinsey & Company concluye que habría que actuar en tres grandes áreas: "transparencia en las métricas de rendimiento educativo, profesionalización de la docencia y autonomía del centro".

Fuente: 20minutos.es

Planes educativos: cambios constantes La que prepara el Gobierno será la octava modificación en 42 años de los planes educativos españoles. La normativa vigente es la Ley Orgánica de la Educación (LOE), que entró en vigor en mayo de 2006, derogó la LOGSE, la LOPEG y la LOCE (que no llegó a aplicarse) y convive con la LODE de 1985; supuso un gasto adicional de 7.033 millones de euros. Los cambios constantes, por tanto, son la tónica habitual de nuestro sistema. La LOE incluyó la asignatura de Educación para la Ciudadanía -que será eliminada ahora por la nueva ley- y permite pasar de curso al superar todas las materias o con dos suspensos como máximo. Además, dicta que las enseñanzas comunes para todas las comunidades -las que regula el Gobierno- deben estar entre el 55% y el 65% dependiendo de si hay una lengua cooficial o no. En el anteproyecto de ley del Gobierno de Rajoy se pretende reforzar los porcentajes de esas asignaturas básicas -lengua, matemáticas, ciencias-, reducir optativas y vías formativas e implantar evaluaciones unificadas nacionales al final de cada etapa no universitaria. Esas pruebas serán obligatorias para poder obtener el título de graduado en secundaria obligatoria (ESO) y de bachiller. Los ciclos entre 0 y 6 años "tienen un marcado carácter educativo", según CEAPAJesús María Sánchez, presidente de CEAPA, opina que habría que actuar antes. "El fracaso escolar cristaliza en secundaria, pero se está fraguando antes, en primaria y en infantil", explica. Cree que es en estas etapas cuando "se deben de asentar las bases para un futuro éxito escolar", yendo más allá de "la plastilina". Los ciclos entre 0 y 6 años "tienen un marcado carácter educativo", añade. Asimismo, cree que que la reforma "tiene un gran calado ideológico" y que ofrece "poca estabilidad a un sistema bastante tocado". Por ejemplo, en el tema de las evaluaciones. "Se pone en una situación difícil al profesorado", dice, argumentando que una prueba externa puede cuestionar la labor de los docentes y dejarles "en mal lugar", sobre todo si un alumno con un buen rendimiento se queda sin título por hacer mal el exámen. Por su parte, Nicolás Fernández, presidente del sindicato de enseñanza ANPE, explica que el modelo educativo aprobado en la LOGSE, con los cambios establecidos en la LOE, "es el modelo de la educación comprensiva", y que existe una necesidad patente de cambiar "hacia parámetros de calidad, del valor del aprendizaje, el esfuerzo, la búsqueda de la excelencia", etc. En las cuestiones básicas, asegura, "podemos estar de acuerdo (con el Ministerio)", pero la coyuntura actual es preocupante. "Lo primero que sería necesario es un acuerdo de mínimos", dice, augurando que "cuando haya otro cambio de Gobierno volveremos a desandar lo andado". ANPE apuesta por la "recuperación temprana" con programas de refuerzo, "y eso no se hace eliminando profesores"¿Qué tiene que pasar en el sistema educativo? Que haya "cambios profundos, desde la primaria al bachillerato: la flexibilización de la enseñanza secundaria, la apuesta por la evaluación, la recuperación del tronco de las humanidades, la potenciación de la enseñanza en inglés, etc.", explica. Y apuesta sobre todo por la "recuperación temprana" con programas de refuerzo, "y eso no se hace eliminando profesores". Desde el Ministerio ponen el foco en los resultados. "La tasa de abandono escolar en España es del 26,5%, el doble que la media europea", explican fuentes del departamento de Wert, añadiendo que "se pasa de curso sin tener los conocimientos básicos adquiridos". "Hay que empezar desde el principio", dicen, apuntando que aunque el gasto público en educación casi se duplicó entre 2000 y 2011 "los resultados no se están viendo". Más datos: "El 24% de los jóvenes ni estudian ni trabajan, los titulados en educación secundaria entre los 25-34 años son el 65%, frente al 82% de la OCDE, y la población entre 20 y 24 años que completa la enseñanza secundaria superior crece en toda Europa menos en España", por no hablar del paro juvenil, que supera ya el 50%. "La reforma educativa viene marcada por todo eso", explican, "hay una acumulación de problemas". Por último, el informe de McKinsey & Company concluye que habría que actuar en tres grandes áreas: "transparencia en las métricas de rendimiento educativo, profesionalización de la docencia y autonomía del centro".

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El sistema educativo español es "mediocre"; nuestro país se encuentra en un nivel de rendimiento educativo "inferior al que le corresponde" dadas sus condicionantes sociodemográficas. La primera es una afirmación de esta misma semana del ministro del ramo, José Ignacio Wert; la segunda pertenece al informe Educación en España, motivos para la esperanza publicado en enero de 2012 por la consultora McKinsey & Company.

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El sistema educativo español es "mediocre"; nuestro país se encuentra en un nivel de rendimiento educativo "inferior al que le corresponde" dadas sus condicionantes sociodemográficas. La primera es una afirmación de esta misma semana del ministro del ramo, José Ignacio Wert; la segunda pertenece al informe Educación en España, motivos para la esperanza publicado en enero de 2012 por la consultora McKinsey & Company. Mientras la Unión Europea alerta de la creciente brecha educativa entre el norte y el sur de Europa, la OCDE pone el foco en los recortes y en jóvenes que ni estudian ni trabajan -el 23,7% entre los 15 y los 29 años- y el último informe PISA sentencia que el rendimiento de los escolares españoles se mantiene por debajo de la media de la OCDE, el Gobierno de Mariano Rajoy cocina la séptima reforma educativa de la democracia.

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Wert decretará dos años de pago para licenciarse en la universidad pública

El ministro de Educación, Cultura y Deportes, no renuncia a pasar a la historia como el ultraliberal que implantó el pago de las licenciaturas en las universidades públicas del Reino de España y abrió la vía de las hipotecas o créditos bancarios para poder estudiar. Esa es la previsión del real decreto que prepara su departamento con el fin de ampliar a dos años los master de pago para obtener la licenciatura en todos los títulos universitarios.

José Ignacio Wert

En la reunión que mantuvo a finales de julio con los responsables autonómicos de enseñanza universitaria y después con los rectores, Wert ya les dijo que modificará por decreto la estructura de todas las carreras universitarias para completar el proceso de Bolonia. La principal modificación sustancial consiste en reducir a tres años los estudios para obtener los títulos de grado. Ahora son cuatro años o 240 créditos lectivos. La reducción de los grados a 180 créditos o tres cursos, se complementará con la ampliación a dos años de los máster de pago para obtener la licenciatura, que ahora son de un año.

Después de unos recortes presupuestarios y un incremento de las tasas de matrículas que han expulsado de las universidades públicas a unos 45.000 estudiantes en los dos últimos años, según datos oficiales, los nuevos ajustes se presentan en forma de barrera económica para los hijos de los trabajadores y de la clase media. El coste de los máster en la Universidad Complutense de Madrid, la primera en número de alumnos, oscila entre 4.000 y 7.000 euros anuales. Si hasta ahora tenían que pagar un master de un año, a partir de la entrada en vigor del nuevo decreto, en el curso 2015-2016, tendrán que afrontar el pago de dos años para poder licenciarse.

Varios profesores universitarios consultados coinciden en que si la carga docente actual ya es escasa para formar adecuadamente a un futuro abogado, periodista, biólogo, ingeniero o maestro, la reducción de los títulos de grado a tres años les restará solvencia y capacitación profesional. Pero al titular de Educación esa observación general le importa menos que la concepción mercantilista de la educación. “Queremos ser como Reino Unido, no como Malta”, dicen que dijo en la última reunión con los rectores.

De momento, el proyecto de implantar dos años de pago en una carrera de cinco en las universidades públicas ha sido rechazado de plano por los gobiernos autonómicos del País Vasco y de Asturias. Si las autoridades educativas vascas consideran poco fundada y fundamentada esa reforma, las asturianas añaden que no se debe aplicar cuando ni siquiera se conocen los resultados de los nuevos planes de estudio de grado.

Wert ha pedido a los rectores que le envíen sus argumentos antes de que termine septiembre. Los de algunas universidades privadas ya se han escorado a favor de la modificación. Los de las universidades públicas que, de momento, son mayoría abrumadora, han informado a las distintas facultades y están en fase de consulta. La asfixia económica que padecen lleva a alguno a aceptar la vía del pago como una posible salida, si bien son conscientes de que la mayoría de los alumnos de familias humildes abandonarán los estudios al obtener el título de grado.

Aparte de la considerable reducción de estudiantes universitarios que, de hecho, ya se está produciendo en las licenciaturas –apenas el 10% de los estudiantes de las carreras de letras opta por licenciarse y pagar el máster de un año–, la inquietud ha cundido en los claustros porque la reducción de la carga docente obligatoria supondrá un nuevo ajuste de plantillas que, en términos generales, afectará a un de cada cuatro profesores.

La mayor parte de las universidades han regulado los máster para que sean rentables, de modo que si no logran un determinado número de alumnos en una asignatura, sencillamente se deja en suspenso, no se imparte o se elimina del programa. Esta experiencia se ha vivido con especial tensión en casi todas las facultades universitarias en los tres últimos años, con rescisiones masivas de contratos y supresión de departamentos. Según las informaciones recabadas por el cronista de fuentes directas y en varios medios de comunicación de ámbito autonómico, la opinión de la mayoría de los claustros de profesores es contraria a la nueva reforma por razones académicas, económicas y laborales.

En cambio, otro de los aspectos contenido en las modificaciones que proyecta Wert antes de abandonar el Ministerio, cual es la inclusión de los conocimientos profesionales entre los méritos académicos e investigadores para obtener la certificación como profesores universitarios, apenas ha suscitado oposición o recelos corporativos.

Goirizelaia critica a Wert por proponer grados de tres años sin evaluar las actuales titulaciones

El rector de la UPV afirma que al hacer propuestas, «hay que medir las consecuencias y el follón impresionante de gestión que supone llevarlas a la práctica»

 

El rector de la Universidad del País Vasco, Iñaki Goirizelaia, ha criticado que el Ministerio de Educación oferte ahora la posibilidad de implantar grados de tres años cuando todavía no se han evaluado los resultados de las nuevas titulaciones de cuatro años, que surgieron de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).



Al hacer propuestas, "hay que medir las consecuencias y el follón impresionante de gestión que supone llevarlas a la práctica", ha dicho Goirizelaia. El rector ha resaltado que la UPV/EHU siempre ha sido partidaria de los grados de tres años y los másteres de dos, tal y como sucede en la mayoría de países europeos, pero en España se decidió que los grados tuvieran una extensión de cuatro años y los másteres de uno o dos años con motivo de la adaptación al EEES.

Los recortes en investigación no se ven al día siguiente, sino al cabo de dos o cuatro años, cuando se produce un estancamiento

En ese sentido, ha criticado que "nos vimos obligados a aplicar la estructura del '4+1' o '4+2', y cuando todavía no se ha evaluado el resultado de estas titulaciones de cuatro años, llega la propuesta".

"Se generaría un movimiento que nos pondría en proceso de reordenación de grados"

La propuesta lanzada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert , se debatirá en el Consejo de Universidades que se celebra el próximo miércoles, 23 de julio, sin que de momento se conozca "si se transformará en un real decreto de obligado cumplimiento", según ha ironizado Goirizelaia en relación con otras iniciativas ministeriales.

El hecho de que, en principio, el cambio tenga carácter voluntario supone, en la práctica, que "te ves arrastrado" a acometerlo ya que, si unas universidades lo adoptan y otras no, "se crearían diferencias importantes" y, además, un centro académico "no puede convertirse en una isla en relación al entorno".
"Se generaría un movimiento que nos pondría en proceso de reordenación de grados a todas las universidades. Sería un follón impresionante de gestión, de plantilla, de acreditaciones", ha dicho.

Antes de hacer propuestas, el rector de la UPV/EHU aconseja al Ministerio que "se deben medir las consecuencias". En su opinión, el hecho de que en este momento se plantee esta medida responde a que supone "una reducción de costes". "Simplemente, los grados son más baratos que los postgrados", ha precisado.

Sobre el sistema universitario español y en relación con las críticas de "rígido y homogéneo" lanzadas por expertos europeos en un reciente congreso celebrado en Bilbao, el rector de la única universidad pública vasca ha reconocido que es así.

"No puede cuestionar las reglas de juego"

Goirizelaia ha explicado que se debe a una política educativa basada en leyes, normativas y órdenes ministeriales que se deben cumplir, aunque no se esté de acuerdo con ellas, porque, en caso contrario, no te acreditan las titulaciones. En ese sentido, ha remarcado que también se deben acatar dichas normas porque la universidad es una institución y como tal "puede aportar, pero no puede cuestionar las reglas de juego".

Ya en el ámbito vasco y respecto a los recortes aplicados por el ejecutivo autónomo en las partidas presupuestarias destinadas a la universidad, Goirizelaia a admitido que "en este momento, cualquier modificación a la baja, llevaría a la UPV /EHU a una situación muy complicada".

Ha afirmado que en los últimos presupuestos se ha registrado "un pequeño repunte" y ha precisado que se puede entender que debido a la coyuntura económica se adopten determinadas medidas, pero siempre "sin bajar de la línea que nos permite sacar la cabeza".

El descenso de la financiación afecta especialmente a la investigación, una actividad que requiere "una apuesta continuada, recorrido y estabilidad" tanto económica como de personal docente.

"Los recortes en investigación no se ven al día siguiente, sino al cabo de dos o cuatro años, cuando se produce un estancamiento, y además, el personal se marcha porque no ve futuro. Esto lo vamos a ver y lo vamos a pagar. A día de hoy, el futuro no es esperanzador", según ha expuesto.

Una campaña para dañar su imagen

También se ha pronunciado sobre la denuncia por prevaricación, archivada por el juez, que presentó un particular en su contra tras su decisión de anticipar una paga a los funcionarios después de que el Gobierno decidiera suprimir la paga extra de Navidad en 2012.

Tras recalcar que el juez estableció que "no había ningún indicio" de tal delito, se ha mostrado dolido por lo "barato y fácil" que sale "orquestar una campaña con el objetivo de dañar la imagen del rector".


Fuente: Diariovasco.com