El ministro de Educación, Cultura y Deportes, no renuncia a pasar a la historia como el ultraliberal que implantó el pago de las licenciaturas en las universidades públicas del Reino de España y abrió la vía de las hipotecas o créditos bancarios para poder estudiar. Esa es la previsión del real decreto que prepara su departamento con el fin de ampliar a dos años los master de pago para obtener la licenciatura en todos los títulos universitarios.
En la reunión que mantuvo a finales de julio con los responsables autonómicos de enseñanza universitaria y después con los rectores, Wert ya les dijo que modificará por decreto la estructura de todas las carreras universitarias para completar el proceso de Bolonia. La principal modificación sustancial consiste en reducir a tres años los estudios para obtener los títulos de grado. Ahora son cuatro años o 240 créditos lectivos. La reducción de los grados a 180 créditos o tres cursos, se complementará con la ampliación a dos años de los máster de pago para obtener la licenciatura, que ahora son de un año.
Después de unos recortes presupuestarios y un incremento de las tasas de matrículas que han expulsado de las universidades públicas a unos 45.000 estudiantes en los dos últimos años, según datos oficiales, los nuevos ajustes se presentan en forma de barrera económica para los hijos de los trabajadores y de la clase media. El coste de los máster en la Universidad Complutense de Madrid, la primera en número de alumnos, oscila entre 4.000 y 7.000 euros anuales. Si hasta ahora tenían que pagar un master de un año, a partir de la entrada en vigor del nuevo decreto, en el curso 2015-2016, tendrán que afrontar el pago de dos años para poder licenciarse.
Varios profesores universitarios consultados coinciden en que si la carga docente actual ya es escasa para formar adecuadamente a un futuro abogado, periodista, biólogo, ingeniero o maestro, la reducción de los títulos de grado a tres años les restará solvencia y capacitación profesional. Pero al titular de Educación esa observación general le importa menos que la concepción mercantilista de la educación. “Queremos ser como Reino Unido, no como Malta”, dicen que dijo en la última reunión con los rectores.
De momento, el proyecto de implantar dos años de pago en una carrera de cinco en las universidades públicas ha sido rechazado de plano por los gobiernos autonómicos del País Vasco y de Asturias. Si las autoridades educativas vascas consideran poco fundada y fundamentada esa reforma, las asturianas añaden que no se debe aplicar cuando ni siquiera se conocen los resultados de los nuevos planes de estudio de grado.
Wert ha pedido a los rectores que le envíen sus argumentos antes de que termine septiembre. Los de algunas universidades privadas ya se han escorado a favor de la modificación. Los de las universidades públicas que, de momento, son mayoría abrumadora, han informado a las distintas facultades y están en fase de consulta. La asfixia económica que padecen lleva a alguno a aceptar la vía del pago como una posible salida, si bien son conscientes de que la mayoría de los alumnos de familias humildes abandonarán los estudios al obtener el título de grado.
Aparte de la considerable reducción de estudiantes universitarios que, de hecho, ya se está produciendo en las licenciaturas –apenas el 10% de los estudiantes de las carreras de letras opta por licenciarse y pagar el máster de un año–, la inquietud ha cundido en los claustros porque la reducción de la carga docente obligatoria supondrá un nuevo ajuste de plantillas que, en términos generales, afectará a un de cada cuatro profesores.
La mayor parte de las universidades han regulado los máster para que sean rentables, de modo que si no logran un determinado número de alumnos en una asignatura, sencillamente se deja en suspenso, no se imparte o se elimina del programa. Esta experiencia se ha vivido con especial tensión en casi todas las facultades universitarias en los tres últimos años, con rescisiones masivas de contratos y supresión de departamentos. Según las informaciones recabadas por el cronista de fuentes directas y en varios medios de comunicación de ámbito autonómico, la opinión de la mayoría de los claustros de profesores es contraria a la nueva reforma por razones académicas, económicas y laborales.
En cambio, otro de los aspectos contenido en las modificaciones que proyecta Wert antes de abandonar el Ministerio, cual es la inclusión de los conocimientos profesionales entre los méritos académicos e investigadores para obtener la certificación como profesores universitarios, apenas ha suscitado oposición o recelos corporativos.
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