sábado, 4 de enero de 2014

12 Razones para decir no a la LOMCE



Una ley sin justificación. No se acompaña de análisis rigurosos
acerca del sistema educativo vigente; de sus puntos
fuertes y débiles y, por tanto del porqué de las medidas que
sería más conveniente proponer a debate para mejorarlo.

Una ley partidista. Se da por sentado que se comparten los
prejuicios que el PP tiene acerca de lo que acontece en las
aulas y, por tanto son estos los que guían las medidas que
se pretenden imponer con rango de Ley. Se trata de educar
exclusivamente según las concepciones ideológicas del PP.

Una ley muy conservadora. Se sustituye el ideal de educar
ciudadanas y ciudadanos por el de mano de obra para el mercado
laboral. Lo que explica que, entre otras cosas, se elimine
la educación para la ciudadanía y se sustituya por un adoctrinamiento
en el que “se eliminan del currículum todos los
temas conflictivos”, según expresión del propio José Ignacio
Wert, o sea, se impide una educación reflexiva y crítica.

Una ley neoliberal, destinada a mercantilizar aún más el sistema
educativo y a reorientar los objetivos de la educación
para ponerlos al servicio de las reglas del mercado neoliberal.
Numerosas medidas que contempla la ley tienen como finalidad
encubierta promover mayores cotas de privatización del
sistema educativo.

Es también una ley que trata de justificar los recortes económicos
con los que el PP viene castigando al sistema educativo:
recorte en la partida destinada a becas, a la par que endurece
los requisitos que debe cumplir cada estudiante para
acceder a una beca; recortes en las plantilllas de profesorado,
en los recursos destinados a los centros;incremento de las
ratio profesorado - alumnado, ...

Una ley cínica, con un discurso que trata de desviar las miradas
y culpar al sistema educativo de males que son consecuencia
de un mundo empresarial ineficiente y de unos
mercados financieros corruptos. No es justo que el texto
del anteproyecto de LOMCE comience con un párrafo tan
mercantilista, asumiendo como prioridad de la educación la
promoción de la competitividad de la economía y el nivel de
prosperidad de un país. Obsesionando a los centros educativos
con una educación para “competir con éxito en la arena
internacional” (pág. 1).¿Dónde están los datos que digan que
hay empresas que tuvieron que cerrar o no abrirse porque no
encontraban aquí personal con la suficiente cualificación profesional?
Por el contrario estamos a la cabeza de Europa en
cuanto a jóvenes trabajando con sobrecualificación.

Una ley clasista. Se refuerza la segregación por clase social
y etnia a partir de los catorce años, al rebajar la comprehensividad
a los 14 años de edad, al igual que la LEG de 1970.
Segregadora también por estimular a los centros a especializarse
curricularmente (centros bilingües, de excelencia, ...);
por no asegurar la etapa 0-3 de Educación Infantil como educadora,
convirtiéndola en asistencial.
Es clasista, pues se recurre a un peligroso concepto de “talento”,
intentando culpar a la genética del clasismo y racismo
que caracteriza a nuestra sociedad; ignorando que los intereses,
capacidades y destrezas humanas son el resultado del
contexto y de las condiciones en el que las personas vivimos.
Es, por tanto, una ley destinada a expulsar del sistema al
alumnado de los grupos sociales más desfavorecidos, cuyos
“talentos” se les hará ver que no son los adecuados y pertinentes.

Una ley sexista, al permitir colegios segregados por sexo,
aduciendo una declaración de la UNESCO de 1960 e ignorando
convenciones posteriores aprobadas por la ONU y sentencias
del tribunal constitucional.

Una ley recentralizadora, pues se recortan fuertemente las
competencias de las Comunidades Autónomas. Una característica
que subraya también el ideario absolutamente centralista
del Partido Popular.

Una ley al servicio de los intereses de la OCDE, destinada
a mejorar exclusivamente en los tests de PISA, reduciendo
por tanto el número y las horas de las restantes materias
imprescindibles para educar una ciudadanía democrática, justa
y solidaria. No abre la más mínima posibilidad de debate
acerca de la cultura básica (asignaturas, contenidos, procedimientos,
valores) que el sistema educativo debería ofrecer
a todo el alumnado. No se apuesta por una actualización de
los contenidos con los que trabajar en las aulas, de cara a hacerlos
más actuales, relevantes, significativos y motivadores
para el alumnado.

Una ley que desconfía del profesorado, de ahí la obsesión
por las evaluaciones externas y reválidas. Además de imponer
los contenidos y competencias obligatorias, se dictan
indicadores de rendimientos y se evalúan externamente, al
tiempo que es la Administración quien controla y decide la
elección de las direcciones de los centros.

Una ley anti-educación, pues entre otras muchas cosas, se
distorsiona la filosofía de la evaluación al especificar con rotundidad
en el texto del anteproyecto que lo que importa son
los output (calificaciones del alumnado) y no los input (inversiones,
contextos socioculturales del alumnado, recursos
y dotaciones, ...). Igualmente, se impone como instrumento
decisivo para evaluar al alumnado la filosofía de los tests de
lápiz y papel; algo que entra en contradicción con los modelos
de evaluación más cualitativos y formativos que vienen siendo
objeto de utilización en las últimas décadas en el ámbito
de la educación.

Una ley autoritaria, que pretende imponer el PP al precio
que sea, de ahí que no dejen espacio real para participar en
el debate a aquellas asociaciones profesionales, sindicatos,
partidos políticos, docentes, estudiantes, asociaciones de
madres y padres, ONGs, ... interesadas por la educación. La
única opción que deja abierta el PP es un pseudo-debate a

través de la web del MECD.