Una
ley sin justificación. No se acompaña de análisis rigurosos
acerca
del sistema educativo vigente; de sus puntos
fuertes
y débiles y, por tanto del porqué de las medidas que
sería
más conveniente proponer a debate para mejorarlo.
Una ley partidista. Se
da por sentado que se comparten los
prejuicios
que el PP tiene acerca de lo que acontece en las
aulas y,
por tanto son estos los que guían las medidas que
se
pretenden imponer con rango de Ley. Se trata de educar
exclusivamente
según las concepciones ideológicas del PP.
Una ley muy conservadora. Se
sustituye el ideal de educar
ciudadanas
y ciudadanos por el de mano de obra para el mercado
laboral.
Lo que explica que, entre otras cosas, se elimine
la
educación para la ciudadanía y se sustituya por un adoctrinamiento
en el
que “se eliminan del currículum todos los
temas
conflictivos”, según expresión del propio José Ignacio
Wert, o
sea, se impide una educación reflexiva y crítica.
Una ley neoliberal, destinada
a mercantilizar aún más el sistema
educativo
y a reorientar los objetivos de la educación
para
ponerlos al servicio de las reglas del mercado neoliberal.
Numerosas
medidas que contempla la ley tienen como finalidad
encubierta
promover mayores cotas de privatización del
sistema
educativo.
Es
también una ley que trata de justificar los recortes económicos
con los
que el PP viene castigando al sistema educativo:
recorte
en la partida destinada a becas, a la par que endurece
los
requisitos que debe cumplir cada estudiante para
acceder
a una beca; recortes en las plantilllas de profesorado,
en los
recursos destinados a los centros;incremento de las
ratio
profesorado - alumnado, ...
Una ley cínica, con un
discurso que trata de desviar las miradas
y culpar
al sistema educativo de males que son consecuencia
de un
mundo empresarial ineficiente y de unos
mercados
financieros corruptos. No es justo que el texto
del
anteproyecto de LOMCE comience con un párrafo tan
mercantilista,
asumiendo como prioridad de la educación la
promoción
de la competitividad de la economía y el nivel de
prosperidad
de un país. Obsesionando a los centros educativos
con una
educación para “competir con éxito en la arena
internacional”
(pág. 1).¿Dónde están los datos que digan que
hay
empresas que tuvieron que cerrar o no abrirse porque no
encontraban
aquí personal con la suficiente cualificación profesional?
Por el
contrario estamos a la cabeza de Europa en
cuanto a
jóvenes trabajando con sobrecualificación.
Una ley clasista. Se refuerza la segregación por clase
social
y etnia
a partir de los catorce años, al rebajar la comprehensividad
a los 14
años de edad, al igual que la LEG de 1970.
Segregadora
también por estimular a los centros a especializarse
curricularmente
(centros bilingües, de excelencia, ...);
por no
asegurar la etapa 0-3 de Educación Infantil como educadora,
convirtiéndola
en asistencial.
Es
clasista, pues se recurre a un peligroso concepto de “talento”,
intentando
culpar a la genética del clasismo y racismo
que
caracteriza a nuestra sociedad; ignorando que los intereses,
capacidades
y destrezas humanas son el resultado del
contexto
y de las condiciones en el que las personas vivimos.
Es, por
tanto, una ley destinada a expulsar del sistema al
alumnado
de los grupos sociales más desfavorecidos, cuyos
“talentos”
se les hará ver que no son los adecuados y pertinentes.
Una ley sexista, al
permitir colegios segregados por sexo,
aduciendo
una declaración de la UNESCO de 1960 e ignorando
convenciones
posteriores aprobadas por la ONU y sentencias
del
tribunal constitucional.
Una ley recentralizadora, pues
se recortan fuertemente las
competencias
de las Comunidades Autónomas. Una característica
que
subraya también el ideario absolutamente centralista
del
Partido Popular.
Una ley al servicio de los intereses de la OCDE,
destinada
a
mejorar exclusivamente en los tests de PISA, reduciendo
por
tanto el número y las horas de las restantes materias
imprescindibles
para educar una ciudadanía democrática, justa
y
solidaria. No abre la más mínima posibilidad de debate
acerca
de la cultura básica (asignaturas, contenidos, procedimientos,
valores)
que el sistema educativo debería ofrecer
a todo
el alumnado. No se apuesta por una actualización de
los
contenidos con los que trabajar en las aulas, de cara a hacerlos
más
actuales, relevantes, significativos y motivadores
para el
alumnado.
Una ley que desconfía del profesorado,
de ahí la obsesión
por las
evaluaciones externas y reválidas. Además de imponer
los
contenidos y competencias obligatorias, se dictan
indicadores
de rendimientos y se evalúan externamente, al
tiempo
que es la Administración quien controla y decide la
elección
de las direcciones de los centros.
Una ley anti-educación, pues
entre otras muchas cosas, se
distorsiona
la filosofía de la evaluación al especificar con rotundidad
en el
texto del anteproyecto que lo que importa son
los
output (calificaciones del alumnado) y no los input (inversiones,
contextos
socioculturales del alumnado, recursos
y
dotaciones, ...). Igualmente, se impone como instrumento
decisivo
para evaluar al alumnado la filosofía de los tests de
lápiz y
papel; algo que entra en contradicción con los modelos
de
evaluación más cualitativos y formativos que vienen siendo
objeto
de utilización en las últimas décadas en el ámbito
de la
educación.
Una ley autoritaria, que
pretende imponer el PP al precio
que sea,
de ahí que no dejen espacio real para participar en
el
debate a aquellas asociaciones profesionales, sindicatos,
partidos
políticos, docentes, estudiantes, asociaciones de
madres y
padres, ONGs, ... interesadas por la educación. La
única
opción que deja abierta el PP es un pseudo-debate a
través de la web del MECD.
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